Samuel Johnson dijo en el siglo XVIII que "el nacionalismo es el último refugio de los canallas". Tuvo mucha razón. En nuestro medio en particular, es común que la escasez de argumentos válidos por parte de cierto sector de la prensa y de la clase política comprometida con la búsqueda de impunidad para actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos durante las últimas dos décadas, sea frecuentemente encubierta con una verborrea patriotera que abunda en proclamas reivindicativas y no escatima acusaciones de "traición a la patria" y anuncia supuestas conspiraciones "antipatrióticas" y "proterroristas", dirigidas contra un heterogéneo grupo de personas y organizaciones que no comulgan con sus oscuros "ideales". (Hace unos años hicimos un análisis de los operativos psicosociales durante la dictadura de Fujimori, que tienen no pocas similaridades con los actuales, ver: http://stucchi.tripod.com/politica/psico.htm). Así, en el corto trayecto del actual gobierno de Alan García Pérez, lo esencial del discurso presidencial ha sido la arremetida contra las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de la sistemática campaña a favor de la pena de muerte para terroristas y violadores de menores de edad.
No hay que ser experto en temas políticos para darse cuenta de que todas estas acciones tienen un fin común: la impunidad. Basta recordar que muchas ONGs de derechos humanos fueron en su momento el único baluarte contra los reiterados abusos de las fuerzas armadas en zonas de emergencia, y que su labor fue uno de los pilares del informe final de la CVR; otras ONGs, por su parte, se han dedicado a investigar los daños que ciertas empresas mineras han causado al medio ambiente. Se trata pues, de entidades incómodas para algunos grupos de poder, que por desgracia, parecen influir demasiado en el gobierno del "cambio responsable", como lo hicieron durante la década de Alberto Fujimori. En el caso de la CIDH, el fallo emitido hace unos meses en contra del estado peruano por la masacre de un grupo de presos amotinados ya rendidos, acusados por terrorismo (muchos de ellos sin sentencia, y por lo tanto, probablemente inocentes), en 1992, desató una ola de fingida "indignación" en el gobierno, que llegó inclusive al planteamiento de un retiro de dicha organización y a acusaciones de todo calibre contra los miembros de la CIDH y quienes están a su favor. Particularmente absurda es la acusación emprendida por el partido aprista en contra del ex-presidente Alejandro Toledo por "allanamiento ante la CIDH"; ¿qué se esperaba de él? ¿que impidiera "patrióticamente" la investigación? ¿o que planteara argumentos ridículos tipo "suicidio colectivo", tan gratos a la congresista fujimorista Martha Chávez? Curiosamente, nada se ha dicho en contra del verdadero responsable: el ex-presidente Alberto Fujimori, quien dirigió directamente la operación. Finalmente, la enfermiza obsesión de Alan García a favor de la pena de muerte, que no ha dudado en manipular sentimentalmente a los deudos de las víctimas del accionar criminal de Sendero Luminoso, nada tiene que ver con "promesas de campaña" ni mucho menos con idealismos. Es cada vez más evidente que el verdadero objetivo es el retiro de la Corte de San José, para evitar las sentencias por la masacre de presos amotinados en el penal de El Frontón en 1986, durante el primer gobierno del actual mandatario. Recapitulando, siempre la impunidad al final del camino. Nada más.
